Trabajo ultima un real decreto que obliga a las compañías con beneficios a reportar directamente al SEPE todas las salidas de los trabajadores sénior

El departamento dirigido por la vicepresidenta segunda del Gobierno busca acabar con los atajos de las empresas con beneficios para deshacerse de empleados mayores de 50 años, obligándolas a justificar cada salida directamente ante el SEPE bajo amenaza de multas de hasta 225.000 euros si intentan esquivar la compensación que deben pagar al Estado. A través de un proyecto de RD en fase de tramitación, el Ejecutivo reforzará de forma el control sobre las empresas con beneficios que ejecuten despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 o más años situando al SEPE en el centro de la fiscalización.

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