Muy pocos de quienes se inscriben en los servicios públicos de empleo lo hacen con garantías de encontrar su próximo trabajo gracias a ellos

En octubre, solo 7 de cada 1.000 demandantes consiguieron un puesto con una oferta gestionada por sus oficinas. Lo que llega a las oficinas depende, además, de la voluntad de las empresas. La Ley de Empleo de 2023 recogió la obligación de comunicar las vacantes a los servicios públicos, una medida que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal llevaba reclamando desde 2019, cuando calificó de "marginal" el papel de las oficinas en el ajuste entre oferta y demanda. Pero la norma dejó esa obligación pendiente de un reglamento que el Gobierno no ha aprobado, y no prevé sanciones para quien la incumpla. Las vacantes que sí pasan obligatoriamente por la oficina son las de los planes públicos de empleo, que deben seleccionar allí a sus trabajadores, y esas se cubren casi todas.

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