Los caseros estudian una demanda conjunta a la Administración por el plan anticrisis.

Los grandes y pequeños propietarios de vivienda en alquiler ultiman una reclamación por responsabilidad patrimonial contra la Administración por la medida del plan anticrisis que limita al 2% la actualización anual de los contratos. El problema radica en el plan de choque impulsado por el Gobierno a finales del mes de marzo para hacer frente al alza de los precios, prorrogado por el momento hasta fin de año. Desde Asval, además, cargan contra el carácter arbitrario de la norma. Según explican desde la asociación, el tope del 2% no distingue entre inquilinos vulnerables y no vulnerables, de la misma forma que mete a todos los propietarios en el mismo saco.

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