Las empresas han tomado medidas para cambios tributarios que no se aprobarán.

Ni en el supuesto más optimista entrarían en vigor en 2019. No tiene sentido que las empresas tomen medidas para hacer frente a los nuevos cambios legislativos si luego no se tiene certeza de si serán aprobados o no. Tampoco beneficia los vaivenes en la política fiscal a la atracción de inversiones a España, de lo cual no estamos sobrados. La disolución de las Cortes el 5 de marzo de 2019 ha llevado a la caducidad automática de todos los proyectos de ley no tramitados hasta el momento, entre ellos el de la Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF) y la del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (ISD). La única medida fiscal de impacto que seguro entrará en vigor independiente de quien gobierne es la derivada de la trasposición de la Directiva 2018/822, en vigor desde el 25 de junio de 2018. En virtud de esta directiva, los intermediarios (o en su defecto los contribuyentes) quedan obligados a declarar determinadas operaciones que pudieran ser consideradas como planificación fiscal transfronteriza.