La escalada de la inflación ha llevado a muchos inquilinos a interesarse por posibles fórmulas que les permitan minimizar la actualización de la renta del alquiler conforme al IPC.

El objetivo no es otro que evitar un encarecimiento que, en el caso de los contratos firmados el 1 de febrero, superará de media los 500 euros anuales en España, según las últimas estimaciones de los portales inmobiliarios. Esta vía de defensa, avanza el abogado experto en derecho inmobiliario, pasa por alegar “una falta de claridad” en la cláusula que referencia el contrato al IPC. Si las partes ya hubiesen actualizado la renta en algún año anterior en base al IPC general, el inquilino tendría prácticamente imposible poder cambiar el criterio.

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