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La derogación del Índice de Revalorización y la vinculación de las subidas con la inflación y la anulación del factor de sostenibilidad llevarán el gasto anual en pensiones al 14,2% del PIB en 2050,

lo que supone un aumento de la factura anual de las prestaciones de 40.000 millones de euros. El Gobierno asume ya una máxima que resultará del proceso de reforma del sistema público de pensiones. "El mayor gasto en pensiones derivado del envejecimiento de la población junto con un posible endurecimiento de las condiciones de financiación se vislumbran como los principales riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas en un horizonte de medio y largo plazo, tanto por su probabilidad de ocurrencia como por su elevado impacto".