El TC avala la constitucionalidad de exigir un trámite de conciliación o intermediación administrativa previa y obligatoria

para que los grandes tenedores de vivienda puedan reanudar los procedimientos de desahucio y lanzamientos que se encontraban suspendidos por las medidas de la pandemia del COVID. Esta resolución resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consello de la Xunta de Galicia contra diversos preceptos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. La magistrada ponente de la sentencia declara constitucional la DT 3ª de la citada ley, la que condiciona la reactivación de estos procesos judiciales a que la parte actora, cuando ostente la condición de gran tenedor de vivienda, solicite expresamente la reanudación y acredite haber acudido a un procedimiento de conciliación o intermediación ante las Administraciones públicas competentes. Asimismo, la sentencia aclara que la norma exige intentar la conciliación pero no alcanzar un acuerdo obligatoriamente.