El nuevo revés judicial que el Gobierno recibió el jueves en materia de vivienda

En forma de anulación del registro único de alquiler de corta duración, abre un nuevo frente de batalla en los tribunales. La decisión del Supremo podría generar reclamaciones de los propietarios de pisos turísticos por valor de hasta 166 millones de euros, que debería asumir el Estado tras haber invadido competencias autonómicas, al imponer la obligatoriedad de obtener un número de referencia para poder anunciarse en las plataformas digitales, como Airbnb o Booking. Así lo aseguran desde la patronal del alquiler de corta estancia, Fevitur, que cifra en 33.000 euros el coste medio por propietario que ha supuesto el registro único de alquiler, debido a las revocaciones, los bloqueos y los problemas derivados del trámite que han tenido que efectuar desde mediados del año pasado para poder operar.