El Gobierno se arriesga a incumplir el plazo fijado por Bruselas para implantar la nueva normativa de transparencia salarial

Trabajo abrió el pasado 24 de abril el trámite de consulta pública previa para la futura ley que debe transponer la directiva europea sobre igualdad retributiva, cuyo límite expira el 5 de junio de 2026, sin que por ahora exista un borrador articulado ni un calendario claro de tramitación parlamentaria. Ante este escenario, las empresas deberán anticiparse a los cambios regulatorios para evitar riesgos legales y reputacionales. La adaptación pasa por revisar las políticas salariales, definir criterios objetivos de valoración de puestos y establecer bandas retributivas claras que permitan justificar las diferencias entre empleados.

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