El Gobierno quiere intervenir los precios de bienes y servicios básicos ante situaciones de emergencia.

En el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, que permite la transposición de la directiva europea de Empoderamiento de los Consumidores, se ha introducido un artículo en el que se establece que "no se podrán producir incrementos del precio final en la venta de los bienes y servicios que se determinen en contextos de urgencia, riesgo o necesidad de los consumidores y usuarios". El Ejecutivo planea prohibir, en concreto, que haya incrementos del precio final respecto a los fijados "durante los 30 días previos a la situación sobrevenida que deriva en la urgencia, riesgo o necesidad". El Gobierno quiere poner coto también a la llamada reduflación, la práctica por la que las empresas reducen la cantidad de producto que contiene un envase mientras mantienen el mismo precio.