El gobierno portugués lleva hoy a su Parlamento una propuesta para reducir el tiempo de impago necesario para suspender un contrato de alquiler

Y aumentar las exigencias para los inquilinos. La propuesta reduce de tres a dos meses el periodo de impago necesario para poder resolver el contrato. Además, se aumentan las garantías que los caseros pueden exigir a sus inquilinos, permitiéndoles pedir por adelantado hasta tres meses de renta -frente a los dos actuales- y elimina el límite de dos mensualidades para las fianzas. El ejecutivo, además, no descuida en su propuesta a las familias vulnerables, si bien considera que su protección debe recaer en el Estado y no en los propietarios de vivienda en alquiler.

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