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El incremento del número de trabajadores sujetos al pago de IRPF y al abono de cotizaciones sociales provocó el año pasado un incremento de la presión fiscal en España que la sitúa en su nivel máximo desde 2007.

En concreto, el total de recursos tributarios –obtenidos del cobro de impuestos por parte de las administraciones públicas españolas y europeas más las cotizaciones ingresadas por la Seguridad Social– arrojaron una recaudación total de 425.394 millones de euros, lo que equivale al 35,21% del PIB. Una cota, recogida en el informe de Avance de la actuación económica y financiera de las administraciones públicas recientemente publicado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que España llevaba 11 años sin alcanzar.