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Compradores y vendedores siguen sin valorar la etiqueta verde, a pesar de su obligatoriedad y de revelar una mejora en la calidad energética de las casas.

Desde junio de 2013, cuando se hizo obligatoria, hasta diciembre de 2017 el número de certificados emitidos ha superado los tres millones, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae). Tan solo el 1,3% han sido para viviendas de nueva construcción (40.690), debido al parón en las obras tras el pinchazo de la burbuja. En el parque de casas existente, la eficiencia energética sigue dejando que desear. El 51% de las viviendas vendidas o alquiladas en los últimos cinco años tiene una calificación E, la tercera más baja de la tabla. La buena noticia es que se observa una tendencia a ganar puestos.