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Los Técnicos de Hacienda avisan de que revisar la amnistía fiscal es "jurídicamente inviable" y prescribe en noviembre.

El presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA), Carlos Cruzado, ha asegurado en declaraciones a Europa Press, que lo que pretende el pacto del PP con Ciudadanos de recaudar más fondos por la amnistía fiscal del 2012 sería "jurídicamente inviable" y difícil de mantener en los tribunales. En su opinión supondría una avalancha de recursos y además, recuerda que en noviembre de este año prescribiría porque se cumplen cuatro años. 

El pacto rubricado entre el PP y Ciudadanos incluyó una medida que curiosamente también se incluyó en el anterior pacto PSOE-Ciudadanos, que supone recuperar el dinero no ingresado en la amnistía fiscal de 2012 por la decisión de Hacienda de aplicar una tributación del 10 por ciento a los intereses, rentas y bienes no declarados durante los 4 años anteriores, en lugar de aplicárselo a la TOTALIDAD de los capitales y bienes aflorados. 

El texto del pacto en este asunto dice lo siguiente: "Realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria". 

El presidente de los Técnicos de Hacienda asegura, que en el Decreto de Hacienda para la regularización fiscal que comenzó en marzo de 2012 y finalizó en noviembre del mismo año, no se dice que los contribuyentes debieran tributar por los bienes y derechos no declarados, sino sobre las rentas No declaradas; sin embargo, Ciudadanos viene sosteniendo que la interpretación que hizo la Dirección General Tribunos en junio de 2012, tres meses después de entrar en vigor, sirvió para que se pagara menos por el dinero aflorado, lo que no es cierto. 

En opinión de Carlos Cruzado, la amnistía fiscal tenía como finalidad aflorar y conocer los bienes y derechos de los contribuyentes en el exterior sobre los que había una posible deuda, es decir, sobre lo que no estaba prescrito, ya que los ejercicios prescritos por definición ya no devengan cuota a favor de la Hacienda pública. Es decir, si la inspección de Hacienda pillase a "una persona que no hubiera acudido a la amnistía fiscal", ésta tendria que tributar por los intereses que no estuvieran prescritos "pero no por el patrimonio si éste era anterior a 2008", por lo que no se les puede exigir a los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal que paguen sobre la totalidad del patrimonio, lo que sería una carga fiscal superior a la que arrojaría una inspección ordinaria.

Por ello, explica que ve "muy problemático" lo pactado entre PP y Ciudadanos, porque "quienes acudieron a la amnistía acudieron con unas condiciones" y esas no se pueden modificar a posteriori, además, expresa su extrañeza de que PP y C's hayan contemplado unos ingresos de 1.000 millones de euros en 2017 por este concepto y 2.000 millones cada año durante los tres siguientes. En este sentido, explica que de ser factible jurídicamente la revisión contemplada, la recaudación obtenida se ingresaran de golpe en un mismo ejercicio y no en varios ejercicios como contempla el pacto. 

Por si esto fuese poco, aclara que las declaraciones acogidas a la amnistía fiscal de 2012 prescribirán en noviembre de 2016, por lo que es prácticamente imposible realizar la modificación legal y que llegue a tiempo para exigir al contribuyente cualquier cantidad adicional; salvo que se compruebe que el dinero aflorado provenía de actividades delictivas como se ha demostrado en algunos casos. En estos casos, sí habría plazo para revisar las declaraciones.