La pandemia provoca una avalancha de casos de insolvencia que exige medidas concursales contundentes

con el fin de evitar la extinción de muchas de nuestras empresas. Mes y medio después de la declaración del estado de alarma, el real decreto ley 16/2020 viene a abordar por fin el problema de la insolvencia empresarial, pero a juicio de algunos expertos sin la profundidad necesaria y con escasas posibilidades de éxito. Las medidas centradas en las soluciones a la insolvencia pueden agruparse en dos bloques: el de los privilegios para quienes ayuden al deudor insolvente, y el de las prórrogas de los plazos para la toma de decisiones frente a la insolvencia. La supresión del privilegio de cobro de la Administración: una posible solución obviada en el decreto.

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