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La decisión de Bankia supondrá una merma de beneficios

de en torno a 100 millones de euros a los despachos que se han especializado en las demandas por la salida a Bolsa. A pesar de ello, los bufetes planean abrir nuevos frentes judiciales por la salida a Bolsa, tanto por el tramo institucional como por los inversores que compraron después de la OPS de 2011. Bankia calcula el ahorro que supondrá la solución para los minoristas en 400 millones, de los que 300 millones serían costas judiciales y 100 millones intereses legales. En la mayoría de las demandas civiles, los bufetes que asesoran a los inversores se quedan tanto las costas, para cubrir gastos, como los intereses legales, y el cliente se queda el principal.