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La amenaza de retraso en los pagos de prestaciones del Sepe tras el ciberataque contra el organismo ha obligado al Gobierno a acelerar la nueva estrategia nacional de ciberseguridad.

En concreto, el Ejecutivo trabaja ya en una nueva ley sobre el 5G, que reforzará la seguridad de las redes para evitar estos ataques y vigilará a los proveedores de estos servicios. Según fuentes sindicales podrían producirse 150.000 retrasos en las nuevas solicitudes de prestación. En concreto, estarían en riesgo de no cobrar el 10 de abril parte de las personas que hicieron la solicitud en los cuatro días que estuvo el sistema totalmente inoperativo. La consultora Mckinsey estima que la previsión de crecimiento de la actividad económica que puede provocar el desarrollo de las redes 5G y 6G alcanzará los 3 billones de Euros de aquí hasta 2030.