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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España a abonar al presupuesto de la Unión una suma a tanto alzado de 12 millones de euros, así como una multa coercitiva de 11 millones por cada semestre de retraso de aplicación de la Directiva europea sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas. Pero no será la Administración central quien asuma la minuta. Fuentes del Gobierno indican que se trasladará a las CCAA o Ayuntamientos que tengan responsabilidad por las depuradoras. Y tarde o temprano llegará al ciudadano a través del pago del recibo del agua o tasas municipales.