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El nuevo gobierno endurecerá la ley contra la brecha salarial de género.

El proyecto va más allá de la obligatoriedad de realizar auditorías salariales en empresas con más de 250 trabajadores e incluye, por primera vez en España, la imposición de sanciones por importe de hasta el 1,3% de la masa salarial de la compañía que pague menos a una mujer que, con la misma cualificación, desempeña el mismo trabajo que un hombre. Asimismo, si una empresa no tiene plan de igualdad, será igualmente sancionada. La norma permitirá que cualquier trabajador o trabajadora pueda acceder al registro salarial de su empresa y acudir a los tribunales si se siente discriminado. La exministra de Empleo, Fátima Báñez, dejó mucho avanzada esta materia.