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El Juzgado de lo Social de Santander ha reconocido a una trabajadora de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria su derecho a anular cuatro días de vacaciones que había solicitado

porque coincidieron con el confinamiento general del estado de alarma y a sustituirlas por otro período vacacional, estimando así una demanda de la sección sindical de UGT en el Ejecutivo autonómico. El fallo judicial del magistrado Pablo Rueda dice textualmente que si la trabajadora "no puede salir de su casa por confinamiento forzado no serán vacaciones, no se corresponderá ese período con un legítimo y constitucional derecho al descanso anual que todo trabajador ha de tener".