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El ingreso mínimo vital está llegando muy lentamente a los hogares vulnerables: hasta mediados de diciembre de 2020 solo alcanza a 159.500 hogares, el 20% de los previstos.

La lenta gestión del ingreso mínimo vital coincide con un descenso en la cobertura que proporcionan las rentas autonómicas, con una importante reducción respecto a años anteriores. La implantación del Ingreso Mínimo Vital está teniendo incidencia sobre el conjunto de rentas mínimas de las comunidades autónomas, que en muchos casos están reduciendo sus presupuestos para este fin: en 2021, 9 CCAA disminuyen sus partidas presupuestarias con este fin; en 4 se incrementan y el resto se mantiene. En algunas de ellas se ha paralizado el acceso a sus propios sistemas de rentas mínimas hasta que el solicitante no acredite que ha solicitado y no obtenido el IMV, como ocurre en la Comunidad de Madrid, esto unido a los evidentes problemas de tramitación y acceso al mismo, tiene como resultado el consiguiente perjuicio para las personas demandantes de estas rentas.