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El Gobierno trata de devolver la seguridad jurídica a los registros domiciliarios que hacen los inspectores fiscales,

que quedaron limitados por una reciente sentencia del Tribunal Supremo, incluyendo, a través del PSOE, una enmienda que los regule en la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que tramita el Parlamento. Lejos de ver resuelto este agujero legal con dicha actuación, los asesores fiscales alertan ahora de que el planteamiento corre el riesgo de ser inconstitucional. Más allá, el autor del documento defiende que la enmienda supone una reforma de la Ley General Tributaria y la Ley de la Justicia Contencioso-Administrativa que solo refuerza la potestad de la inspección fiscal, sin entrar a regular de plano en qué condiciones puede la administración registrar un domicilio.