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Del total de 5.672 que se registraron en el total de Castilla y León, lo que supone un diez por ciento más que el año pasado, es decir, 535 puestos de trabajo sumergidos. En toda la Comunidad registraron 2.825 infracciones en esta materia, un 7,2 % menos que en 2014, y pusieron sanciones por más de nueve millones de euros. La labor de los inspectores también supuso la conversión de 2.981 contratos temporales irregulares, en indefinidos, un 35,1 % más que en 2014, tras detectar encadenamientos o causas coyunturales para su firma que deberían haber sido de carácter permanente y que se enmarcaron en un fraude de ley.