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La decisión del Gobierno balear de expropiar durante siete años 56 viviendas pertenecientes a grandes propietarios para destinarlas al alquiler social ha hecho saltar todas las alarmas en el sector de la inversión inmobiliaria,

ya que esta medida abre el melón a la expropiación en España en un momento en el que se está dando forma a la nueva Ley de Vivienda. Los grandes fondos consideran que la medida del Gobierno balear "supone un ataque al derecho a la propiedad privada. "Esta expropiación es contraria a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar un mercado de alquiler profesional en España, homologable al de otros países europeos. Además, vulnera la confianza que reclaman los inversores para hacer crecer la oferta de vivienda en alquiler y erosiona la imagen de nuestro país como destino de inversión.