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El Gobierno trata de evitar que los empresarios busquen “incentivos” al pasar a sus trabajadores del Régimen General al RETA.

El Ministerio se ha dado percatado de que en la ley general sobre infracciones no existe una pena que castigue como delito o falta los falsos encuadramientos en un régimen u otro de la Seguridad Social. De momento la Tesorería General de la Seguridad Social ya tiene mandato para desarrollar un protocolo de vigilancia. "Tenemos que iniciar un proceso muy claro para evitar que se produzcan esas anomalías", ha añadido. La Inspección de Trabajo está levantando actas por las que se están pidiendo a las empresas hasta cuatro años de cotización atrasadas, lo que supone una petición que puede llegar a unos 7 o 10 millones de euros.