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El Gobierno de la Comunidad de Madrid valida el contrato para externalizar la tramitación de las denuncias y sanciones por incumplimiento de la normativa sanitaria con la que se intenta combatir la pandemia del coronavirus.

“El volumen de las denuncias recibidas y los consecuentes expedientes sancionadores suponen una sobrecarga de trabajo”, justifica el Ejecutivo en la documentación, que refleja incentivos para que la empresa contratada logre que los ciudadanos paguen: un 15% de lo recaudado. El botín potencial que encierran las decenas de miles de propuestas de sanción no es un tema menor.