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El arbitraje sigue siendo un mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos muy desconocido en el ámbito interno, lo que contrasta con la aceptación generalizada en el plano internacional.

La creación de los primeros centros de arbitraje en España comenzó con la ley de 1988. Otro de los factores que frena la extensión del arbitraje doméstico es el alto coste para los contratos de cuantías no muy elevadas o para aquellas sociedades que no cuentan con suficiente músculo financiero. Sin embargo, si se comparan ambos procedimientos, teniendo en cuenta su duración o las tasas e impuestos derivados del uso del sistema de justicia, el arbitraje resulta menos costoso que el proceso judicial.