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Alquilar un piso para turistas a través de plataformas como Booking, Airbnb o Home Away se ha convertido en un negocio muy rentable.

Los dos principales puntos de conflicto con hoteleros y administraciones se centran en dirimir quién es el responsable de gestionar y controlar la oferta y la necesidad de distinguir entre propietarios particulares y profesionales. Los portales consideran que los informes emitidos en España por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y por la Comisión Europea les exoneran de cualquier responsabilidad. La imposición de sanciones de hasta 60.000 euros en Barcelona contra Airbnb y Home Away no hará cambiar la estrategia de HomeAway ni Airbnb. Booking ya ha sacado de su oferta las viviendas no registradas en Cataluña, Valencia y Andalucía.